La normativa europea en sostenibilidad turística está redefiniendo el futuro del sector. Directivas como la CSRD, la Green Claims Directive y la regulación contra el greenwashing exigen datos ESG verificables, certificación de sostenibilidad y mayor transparencia en empresas y destinos. Analizamos qué cambia y cómo prepararse ante este nuevo escenario regulatorio.
La sostenibilidad turística ha entrado en una nueva fase en Europa. Ya no basta con afirmar que una empresa o un destino es sostenible. Hoy es imprescindible demostrarlo con datos, evidencias verificables y sistemas de certificación sólidos.
En paralelo, la normativa europea evoluciona hacia mayores niveles de exigencia para elevar la credibilidad y frenar el greenwashing. Sin embargo, el sector turístico, por su diversidad operativa y el peso de las pymes y los destinos, requiere métricas y marcos regulatorios específicos adaptados a su realidad.
En este contexto, la Tourism Sustainability Certifications Alliance (TSCA), alianza internacional de certificaciones líderes en sostenibilidad de la que Biosphere es socio fundador, ha solicitado a la Unión Europea que las nuevas reglas en materia climática y de reporting ESG se traduzcan en marcos sectoriales específicos para turismo y hostelería.
La sostenibilidad turística ya no es solo una tendencia estratégica. Está directamente vinculada a la regulación europea, a la forma en que las empresas reportan su desempeño ESG y a cómo comunican sus compromisos ambientales sin incurrir en prácticas de greenwashing.
El turismo no es un sector homogéneo. Integra alojamiento, transporte, intermediación, restauración, actividades, gestión de destinos e infraestructuras. Además, está compuesto mayoritariamente por microempresas y pymes junto a grandes grupos empresariales.
Desde la TSCA se advierte que “aplicar marcos regulatorios genéricos, diseñados para sectores industriales de distinta escala y complejidad, puede desplazar el foco desde la mejora ambiental efectiva hacia la mera gestión burocrática del cumplimiento”.
Por ello, la alianza propone:
Si Europa aspira a acelerar la transición sostenible, el turismo no puede abordarse con reglas pensadas para otras realidades productivas. Contar con estándares adaptados, exigentes pero aplicables, permitirá que la regulación impulse mejoras concretas (energía, agua, movilidad y gestión de destinos) y que la comunicación ambiental sea transparente y verificable. Solo así la sostenibilidad dejará de ser un ejercicio de cumplimiento para convertirse en una ventaja competitiva y un compromiso creíble.
En los últimos años, la Unión Europea ha impulsado un conjunto de directivas destinadas a acelerar la sostenibilidad corporativa y reforzar la transparencia.
Desde la TSCA se subraya que “el margen para mensajes ambientales vagos se reduce progresivamente por lo que aumenta la necesidad de contar con datos comparables, evidencias documentales y verificación independiente”.
En este marco, la TSCA también plantea a las autoridades europeas establecer una dinámica de consulta sectorial temprana que permita conocer de primera mano la realidad operativa del turismo y sus principales inquietudes antes de legislar. En concreto, propone que “la UE incorpore mecanismos de consulta más profundos y permanentes en los procesos legislativos ligados a la sostenibilidad, como comités estables o foros dedicados a sectores clave como viajes, turismo y hostelería”.
El objetivo es doble. Por un lado, que el diseño de las nuevas políticas refleje mejor las necesidades del sector; y por otro, evitar que su aplicación termine siendo fragmentada entre Estados miembros, algo especialmente problemático para una industria intrínsecamente transfronteriza.
Al mismo tiempo, la combinación de mayores exigencias con incertidumbres regulatorias puede generar riesgos de planificación para empresas que ya están invirtiendo en mejoras ambientales. En turismo, el impacto es doble, afecta a la operativa y a la reputación, ya que la confianza del viajero depende de mensajes claros y demostrables.
El marco regulatorio europeo evoluciona con rapidez. Tres directivas concentran buena parte del debate actual por su impacto en el turismo sostenible, el reporting ESG y la certificación de sostenibilidad.
La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), que es la principal norma de la UE en materia de información sobre sostenibilidad, amplía significativamente las obligaciones de reporte en materia ambiental social y de gobernanza.
Obliga a grandes empresas y progresivamente a más actores de la cadena de valor (y posteriormente, a muchas empresas no pertenecientes a la UE con operaciones en la UE) a publicar información ESG detallada, estandarizada y auditada conforme a las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS). Amplía de forma significativa la anterior Directiva de Información No Financiera (NFRD).
Para el sector turístico implica:
Aunque muchas pymes no estarán obligadas inicialmente a reportar directamente, sí se verán impactadas al formar parte de cadenas de suministro sujetas a esta directiva.
La Directiva para Empoderar a los Consumidores en la Transición Verde (ECGTD) introduce cambios relevantes en la regulación de las comunicaciones comerciales vinculadas a la sostenibilidad.
También llamada «ECGT» o «EmpCo», es una directiva de la UE de 2024, cuyo objetivo es reforzar la protección del consumidor frente al greenwashing, y lo hace mediante la modificación de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y la Directiva sobre Derechos de los Consumidores, exigiendo que cualquier alegación ambiental o distintivo de sostenibilidad sea específico, verificable y respaldado por pruebas.
El considerando número 7 establece literalmente:
“Los distintivos de sostenibilidad pueden referirse a muchas características de un producto, proceso o empresa, y es esencial garantizar su transparencia y credibilidad. Por tanto, debe prohibirse la exhibición de distintivos de sostenibilidad que no se basen en un sistema de certificación o que no hayan sido establecidos por las autoridades públicas, mediante la inclusión de tales prácticas en la lista del anexo I de la Directiva 2005/29/CE. Antes de exhibir un distintivo de sostenibilidad, el comerciante debe garantizar que, con arreglo a las condiciones disponibles públicamente del sistema de certificación, el distintivo cumple unas condiciones mínimas de transparencia y credibilidad, incluida la existencia de una supervisión objetiva del cumplimiento de los requisitos del sistema. Debe efectuar dicha supervisión un tercero cuya competencia e independencia tanto del propietario del sistema como del comerciante estén garantizadas mediante normas técnicas y procedimientos internacionales, de la Unión o nacionales, por ejemplo, demostrando el cumplimiento de las normas técnicas internacionales pertinentes, como la norma ISO 17065 Evaluación de la conformidad Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios, o a través de los mecanismos previstos en el Reglamento CE número 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo”.
En la práctica, esta directiva exige que cualquier sello o distintivo vinculado a la sostenibilidad sea específico, verificable y esté respaldado por pruebas. Además, estos distintivos deben cumplir unas condiciones mínimas de transparencia y credibilidad, incluida la existencia de una supervisión objetiva del cumplimiento de los requisitos del sistema (por ejemplo, a través de un tercero competente e independiente).
Con ello, se endurecen las reglas para evitar el greenwashing en la comunicación al consumidor, ya que los sellos o distintivos deberán someterse a un mayor control y rigor, aportando una mayor “garantía” y confianza al consumidor.
La Directiva sobre Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive) plantea que las alegaciones ambientales explícitas estén fundamentadas en metodologías científicas y sometidas a verificación independiente antes de comunicarse.
Esta propuesta de ley de la UE está destinada a establecer normas estrictas y basadas en la ciencia para fundamentar las alegaciones medioambientales («alegaciones ecológicas») y a exigir una verificación independiente y acreditada antes de poder realizar dichas alegaciones. De tal modo, que lo que se pretende es configurar un estándar europeo común sobre cómo justificar y validar las afirmaciones ambientales antes de comunicarlas.
Aunque la propuesta ha sido pausada o retirada parcialmente, con las negociaciones suspendidas a mediados de 2025 debido a preocupaciones políticas sobre la carga para las pymes y a discrepancias entre los Estados miembros, la dirección regulatoria es clara. Las afirmaciones ambientales deberán estar respaldadas por datos medibles y comparables, reforzando la importancia de contar con metodologías robustas y verificación independiente.
Si la ECGTD regula principalmente cómo se comunican las alegaciones ambientales, la GCD se centra en cómo se fundamentan técnicamente antes de su difusión.
Para el turismo sostenible, esto implica alinear gestión, medición y comunicación bajo criterios rigurosos.
En un escenario donde la UE exige comunicaciones más rigurosas y comparables, y donde el riesgo de greenwashing aumenta cuando se trasladan al mercado promesas sin base, la certificación de sostenibilidad evoluciona de “sello” comunicativo a sistema de gestión estructurado.
En este sentido, los esquemas creíbles de certificación por terceros permiten disponer de datos ambientales verificados, sostener alegaciones fundamentadas y operar con procesos de mejora continua y transparencia, reduciendo riesgos legales y reputacionales asociados a comunicaciones ambientales no verificadas.
Así se entiende desde la TSCA, en el sentido de que “la certificación de sostenibilidad ha evolucionado y cada vez más, representa un mecanismo de gobernanza y cumplimiento, no un simple recurso de marketing”.
Desde una perspectiva de comunicación responsable, este enfoque ayuda a reducir el riesgo de greenwashing porque establece un marco de requisitos y evidencias y, cuando aplica, incorpora verificación de terceros; en consecuencia, facilita mensajes más precisos, evita afirmaciones genéricas y permite documentar mejoras con indicadores antes de trasladarlas al mercado.
En la práctica, una certificación sólida aporta un sistema de gestión y gobernanza que permite:
Para muchas pymes que operan, directa o indirectamente, en el ámbito del turismo, la certificación funciona como una “hoja de ruta” que traduce conceptos complejos en pasos concretos y verificables.
Y para organizaciones que trabajan con grandes clientes o cadenas de suministro, disponer de datos estructurados facilita responder a solicitudes de información ESG y preparar reportes internos con mayor consistencia. En resumen, la certificación ayuda a pasar de declaraciones a gestión con evidencias; lo mismo aplica para los destinos turísticos.
Desde Biosphere compartimos la necesidad de marcos sectoriales específicos y aplicables al turismo.
Como socio fundador de la TSCA, contribuimos a impulsar un sistema de certificación basado en evidencias, experiencia técnica y realidad operativa, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y hacerlo con el lenguaje que hoy utiliza el mercado a la hora de medir desempeño, como son los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).
Un enfoque que forma parte del ADN de Biosphere y del Instituto de Turismo Responsable (ITR) que, desde hace más de veinticinco años, vienen acompañando a empresas y destinos en la integración de la sostenibilidad como sistema de gestión medible. Una visión de turismo responsable que ayuda a organizaciones y destinos a pasar de la intención a la acción, con criterios claros, mejora continua y credibilidad frente a clientes, administraciones e inversores.
Cuando los marcos (ODS y ESG) se traducen en métricas verificables, el resultado es doble, mejora del desempeño ambiental y reducción del riesgo reputacional asociado a comunicaciones imprecisas.
El mensaje central es claro. Para acelerar el turismo sostenible en Europa se necesita estabilidad regulatoria, diálogo sectorial temprano y reglas coherentes entre Estados miembros y con marcos que reconozcan la diversidad del sector.
Para una empresa turística, especialmente una pyme, la incertidumbre se traduce en dudas sobre dónde invertir y cómo comunicar. En cambio, reglas previsibles permiten planificar, priorizar inversiones y dedicar recursos a lo importante, como es a reducir impactos, mejorar la eficiencia y generar valor.
En esa línea, la TSCA sostiene que “esta asociación defiende la existencia de mecanismos de consulta sectorial más tempranos y profundos, que permitan ayudar a diseñar normas realistas para turismo y hostelería” y, al mismo tiempo, que dichos mecanismos sirvan para “evitar un problema recurrente en las industrias transfronterizas, como es una implementación fragmentada de estas normas entre los diferentes Estados miembros”.
Dicho de otro modo, se reclama un estándar común basado en medición y verificación independiente facilita la comparabilidad, reduce riesgos legales y mejora la confianza del consumidor. Lo que permitirá:
Por todo ello, desde Biosphere, nos sumamos a las peticiones que, desde la TSCA se formulan ante las autoridades comunitarias, al tiempo que vamos a continuar reforzando nuestro compromiso de acompañar a empresas y destinos en la adaptación a la normativa europea de sostenibilidad turística, aportando herramientas prácticas, certificación verificable y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los criterios ESG.
Y lo hacemos con la firme convicción de que, la sostenibilidad no se impulsa únicamente con ambición normativa. Se consolida cuando los objetivos regulatorios se traducen en datos, gestión estructurada y mejora continua con impacto real en empresas y destinos.